El FAP rechazó el Presupuesto y pidió respetar la división de poderes, el federalismo y la equidad social

La diputada nacional por el Partido Socialista Alicia Ciciliani fundamentó el rechazo del interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP) al Presupuesto de la Administración Nacional 2012 al considerar que el proyecto del Poder Ejecutivo “vulnera la división de poderes, el federalismo y la equidad social”, y reclamó por un régimen de compensación automático para las cajas previsionales que no fueron transferidas a la Nación.

“Entendemos que deben respetarse las atribuciones del Congreso Nacional para decidir sobre los gastos y recursos del Estado, sin delegar facultades al Ejecutivo”, señaló la vicepresidenta 3ª de la Cámara de Diputados de la Nación, quien agregó que el “Presupuesto que discutimos en el recinto no contempla los derechos de las provincias en materia fiscal ni la equidad social del gasto”.

La diputada socialista insistió con la necesidad de incorporar un mecanismo de transparencia y equidad para que las provincias que como Santa Fe no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, reciban las compensaciones correspondientes. “Hay que terminar con las transferencias discrecionales y buscar mecanismos de automaticidad establecidos por ley. Es hora de abandonar criterios de discrecionalidad y centralismo fiscal por un nuevo esquema de Federalismo Fiscal solidario. De esta manera, las provincias tendrán un horizonte de antelación y previsibilidad, que hoy no poseen debido a que quedan supeditados a las relaciones y las afinidades políticas con el gobierno de turno”, explicó.

Por otra parte, opinó que el Gobierno Nacional “sigue perjudicando los derechos de las provincias en materia fiscal, al tiempo que continúa la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables a los estados subnacionales por acuerdos vencidos y que son prorrogados unilateralmente por la Nación”.

Finalmente, respecto a la prórroga de la emergencia económica, la legisladora santafesina indicó que “no existe en este momento ningún indicador socioeconómico que justifique extender su vigencia”. “Con las tasas de crecimiento que viene registrando el país en los últimos años, la acumulación de reservas, y la mejora de los índices de empleo y pobreza respecto del año 2002 cuando se sancionó esta ley, no observamos cuál es la emergencia que se invoca”, sostuvo.

Fuente: Prensa Alicia